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¡Iceberg a la vista! La descentralización fiscal a nivel subnacional.

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Como bien se explicita en los dos últimos artículos publicados por URUGUAT ATP, para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas a nivel subnacional de gobierno, es decir, en los niveles departamental y municipal, se torna necesario destacar qué rol desempeñan los actores políticos que hay en cada nivel[1].

Ahora bien, este punto es tan sólo una punta a tener en cuenta del inmenso iceberg que involucra una multiplicidad de aristas en lo que refiere a la búsqueda de un mejor funcionamiento de las instituciones a nivel subnacional. En este artículo se hará referencia a otra de las puntas de este iceberg: la descentralización.

 “La descentralización se puede definir en términos generales como un proceso de transferencias de competencias y recursos desde la administración nacional o central de un determinado Estado, hacia las administraciones subnacionales: estatales y municipales en los países federales, y regionales y locales en los países constitucionalmente unitarios.

(…) De esta manera se entendería que un país se está descentralizando cuando sus administraciones subnacionales o territoriales vienen gozando de un cúmulo de competencias significativo que requiere a su vez, de la disponibilidad oportuna y adecuada de recursos financieros para ello.” (CEPAL 1993: 8).[2]

Según la CEPAL de los años 90` la descentralización era entendida como el traspaso de jerarquías y recursos por parte del gobierno central, a los gobiernos subnacionales municipales. Por tanto, se entendía la existencia de una determinada ruptura del vínculo jerárquico y de poder entre el Estado central y los gobiernos subnacionales.  

Teniendo presente esta definición y aplicándola al caso de los gobiernos subnacionales de nuestro país, ¿Hasta dónde podríamos decir que hay descentralización y hasta dónde no? Tomemos de ejemplo el caso de los Municipios, creados bajo la Ley Nº 18.567 sobre Descentralización Política y Participación Ciudadana. Bajo el capítulo VI de la presente ley se hace referencia a cómo se financiará la gestión de estos Municipios, en donde se explicita que sus recursos estarán determinados por fondos que les destinen los Gobiernos Departamentales y recursos que les asigne el Presupuesto Nacional en el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios.[3] Bajo este contexto entonces, ¿Podemos hablar de descentralización?

Tal vez podríamos hablar de descentralización política, pero no de descentralización de recursos. ¿Por qué política? Porque a nivel subnacional con la creación de los Municipios existe la posibilidad de que en un determinado departamento, por ejemplo, haya un alcalde del Frente Amplio mientras que la Intendencia de ese departamento está a cargo del Partido Nacional (o viceversa). Esta descentralización si bien promueve que todos los sectores de la sociedad puedan verse representados, puede acarrear también un problema. De hecho, arrastra el típico modelo de gestión burocrático-jerárquico característico del Estado uruguayo. En donde el Estado tiene un fuerte predominio en la conducción de la sociedad, quedando en sus manos no sólo la toma de decisiones en materia de políticas sino también la responsabilidad en cuanto a la entrega de los servicios públicos. Sin embargo, para lograr este desempeño de funciones se prioriza la centralización, el control de los procedimientos, etc. Es decir, se deben seguir determinados patrones de disciplina con muy poca discrecionalidad para los escalones inferiores.

Retomando el ejemplo, el Municipio en cuestión puede tener muy buenas iniciativas y proyectos a desarrollar en su localidad, pero si desde arriba (es decir, desde la Intendencia) no se brindan los recursos necesarios para llevarlo a cabo, entonces he aquí el problema.

Sumamente relacionado a esto, también está la cuestión de la descentralización a nivel de recursos. Si bien con la creación de la Ley Nº 18.567 se transfieren responsabilidades administrativas, los recursos con los cuales estos nuevos Municipios pasan a contar pueden ser escasos, lo cual resulta en una distribución desigual o que obstaculiza la prestación de los servicios.

Para culminar, la idea que nos deja este artículo es el hecho lograr cuestionarnos que la descentralización no siempre puede resultar eficiente.Las deficiencias en capacidad técnica o administrativa a nivel local, pueden resultar en la pérdida de eficacia en la prestación de servicios en algunas áreas del país. Promover una democracia participativa, consensuar ideas, proyectos, en donde los ciudadanos sean parte de las soluciones y de la toma de decisiones se vuelve central para lograr una mayor y mejor rendición de cuentas, pero a veces el panorama no es tan simple y puede verse obstaculizado por alguna punta de este iceberg.

 


[1]Ver: “¿Disputa o cooperación? precisiones para entender el rol de los ediles y concejales” Mauro Pérez y “Dignifiquemos la figura del edil y el rol de las Juntas Departamentales” Matías Ruiz.

[2]Descentralización Fiscal: marco conceptual (1993) es una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas. Ver: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9485/S9300147_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3] Ver artículo 19, 20 y 21 de la Ley Nº 18.567.

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